En medio de protestas, el escándalo por un chat acorrala al gobernador de Puerto Rico y amenaza con trabar fondos clave para la reconstrucción (2024)

SAN JUAN.- La capacidad de Ricardo Rosselló de gobernar Puerto Rico se encuentra contra las cuerdas tras la filtración del chat en el que el mandatario junto a su equipo cercano lanzaron insultos sexistas y hom*ofóbicos y se mofaron incluso de políticos de peso pesado de su propio partido, consideraron analistas este lunes.

Las 889 páginas de conversaciones fueron reveladas apenas días después del arresto de exfuncionarios de alto nivel de la administración de Rosselló por presunto fraude, lo que desde el plano federal también daría municiones al gobierno de Donald Trump para demorar el desembolso de fondos críticos destinados a reconstruir una isla devastada por el huracán María hace casi dos años.

El escándalo ha hecho tambalear el apoyo al gobernante de 40 años dentro de su Partido Nuevo Progresista y ha arreciado los pedidos para que renuncie y evite que la Legislatura local active por primera vez un mecanismo amparado por la Constitución que podría sacarlo del cargo. Rosselló, sin embargo, reiteró este lunes que permanecerá sentado en su silla y aseguró que tomará las decisiones que “a su juicio” sean “mejores” para la isla durante una entrevista con una radioemisora local.

En medio de la crispación y manifestaciones generadas por el escándalo bautizado como el TelegramGate, el equipo de Rosselló se resquebrajó con la salida de aliados cercanos: el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, y el principal funcionario financiero y representante del Gobierno en la Junta Fiscal impuesta por Washington que controla las finanzas de la isla, Christian Sobrino. Ambos ––parte del chat–– renunciaron a sus cargos horas después de haber sido desvelados los cientos de mensajes entre los cuales el gobernador llamó “putas” a la exconcejal municipal de la ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, y a la alcaldesa capitalina, Carmen Yulín Cruz.

Esta crisis se desata en un momento sensible para Puerto Rico, pues el gobierno federal tiene bajo la lupa el desembolso de unos 40,000 millones de dólares para la reconstrucción la isla, en recesión de hace más de una década y aplastada por una abultada deuda. Fondos que, antes de los arrestos de altos exfuncionarios y de la filtración del chat, se anticipaba impulsarían la economía en entre un 2% y un 3 % anual en los próximos dos años y medio.

“Esto que acaba de ocurrir puede poner un freno al enviar las ayudas y controles adicionales (...) Claramente eso va a tener un efecto directo en la recuperación económica de Puerto Rico”, explicó a Univision Noticias el economista Gustavo Vélez, de la consultora Inteligencia Económica. Vélez estimó que la isla ha recibido 20,000 millones de dólares como parte del paquete de mitigación tras el azote de María en septiembre de 2017. Pero enfatizó que falta por recibir fondos cruciales para la reconstrucción física, que ascienden a unos 40,000 millones de dólares.

“Ahora mismo hay un gobierno que no tiene legitimidad, que ante la ciudadanía no existe (...) No hay claridad de una sucesión en caso de un (proceso de) residenciamiento (o de destitución del gobernador). ¿Cómo envías dinero a una jurisdicción en la que no hay transparencia, donde no hay control? Y, ¿cómo tú como Junta Fiscal reestructuras deuda e implementas todo lo demás si al otro lado no hay un Gobierno que ejecute?”, cuestionó.

El ambiente de desaprobación al Gobierno de Rosselló aumentaría, además, la ansiedad entre los puertorriqueños y los empresarios locales, impactando las inversiones y el desempeño económico. “Esto le agrega miedo a un consumidor que estaba lastimado y que veía en estos fondos una luz al final del túnel”, agregó.

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Camino cuesta arriba en Washington

Hasta la tarde de este lunes, el presidente Donald Trump no se había expresado sobre la situación que tiene a los puertorriqueños en vilo desde la semana pasada. En el pasado, Trump tildó de “corruptos” e “ineptos” a algunos políticos puertorriqueños, por lo que el arresto la semana pasada de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y de la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud, Angela Avila, junto a la crisis política del Gobierno podrían alimentar esta postura.

Dentro de la Casa Blanca, el director interino de la Oficina de Manejo y Presupuesto, Russ Vought, ya destina un tiempo “considerable” de su agenda semanal a las finanzas de Puerto Rico y formó un equipo que siga la pista de los fondos enviados a la isla para la reconstrucción, dijo un funcionario con conocimiento del tema al periódico The Washington Post. Esto es un esfuerzo que no ha hecho con estados golpeados por huracanes en el 2017, como por ejemplo Texas.

En Washington, sí han levantado señales de alerta políticos con injerencia en los asuntos de la isla, como Raúl Grijalva, congresista demócrata por Arizona y presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Grijalva fue una de las primeras voces en pedir al gobernador Rosselló que diera un paso al costado cuando comenzaron a filtrarse las conversaciones del chat. El voluminoso documento fue hecho público en su totalidad este sábado por el Centro de Periodismo Investigativo.

El senador republicano por Florida Marco Rubio, por su parte, catalogó de “perturbadores” el escándalo y los recientes arrestos de exfuncionarios que de acuerdo con la fiscalía federal conspiraron para defraudar al Gobierno federal por unos 15.5 millones de dólares y consideró necesario “encontrar mecanismos para que el dinero de los contribuyentes se gaste de forma apropiada”. Pero, al mismo tiempo, dijo que “frenar la ayuda para la reconstrucción castigará a los ciudadanos por los errores de sus políticos”.

Oficialismo y oposición delinean sus estrategias

En Puerto Rico, la atención está centrada en los próximos pasos del gobernador tras la reunión de emergencia realizada por los congresistas de su partido este domingo. Luego del encuentro, algunos de ellos, como los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos Méndez, parecieron suavizar sus posturas del día previo y se abstuvieron de pedir la renuncia al gobernador.

“Vamos a trabajar sin ninguna prisa y sin movernos de manera precipitada. Vamos a movernos con el mayor sentido de responsabilidad”, dijo Rivera Schatz. Agregó que la prioridad es designar a la cabeza del Departamento de Estado y al representante del Ejecutivo ante la Junta de Control Fiscal. En caso de que el gobernador renuncie o se concrete su destitución en la Legislatura, es el secretario de Estado quien asume las riendas del Ejecutivo, de acuerdo con la Constitución.

Pero analistas, como el abogado Carlos Díaz Olivo del partido oficialista, “el gobernador y sus asesores no se están dando cuenta de la gravedad de lo que estamos hablando, y, las estrategias que están desarrollando, lejos de poder ayudar a capear el huracán que tienen encima están generando nuevas turbulencias”.

En la oposición siguen firmes en buscar la destitución de Rosselló usando los mecanismos constitucionales. Ese proceso solo puede darse si existen una de las causales de soborno, traición o delito grave o menos grave que implique depravación. También debe ser aprobado, primero en la Cámara, y luego en el Senado.

Este lunes, el congresista del Partido Independentista Denis Márquez entregó un pliego acusatorio en la Cámara de Representantes con lo que consideran consisten delitos, como conspiración, incitación a la violencia e intervención indebida en las operaciones gubernamentales.

“El presidente de la Cámara ofreció como excusa el no tener ante sí un pliego acusatorio e indicó que le daría tiempo al gobernador. La Constitución no le da la facultad a los presidentes de los cuerpos de conceder términos a los gobernadores para comenzar el residenciamiento (proceso de destitución). Los requisitos son la existencia de delitos y aquí, ciertamente, los hay”, dijo Márquez citado por el diario local El Nuevo Día.

Márquez hizo énfasis en un extracto del chat en el que se habló de remover de su cargo en una entidad gubernamental a la esposa del senador independentista Juan Dalmau para designar a una persona del partido de Gobierno.

En otro extracto, el exfuncionario financiero Sobrino escribió “estoy salivando para caerle a tiros” a la alcaldesa Yulín Cruz, quien por esas palabras radicó una querella por amenaza de muerte.